La Ley Ómnibus promueve la eliminación del precio unificado de libros y desfinancia bibliotecas populares, al derogar Fondo Especial y beneficios fiscales

El proyecto de ley denominado “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” y ya conocido como «Ley Ómnibus» de Javier Milei que será analizado en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero se mete con la industria de libros.

Bajo la premisa de que Argentina “no tiene plata, no tiene tiempo”, según palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el artículo 60 incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica, promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”.

¿Qué establece la ley que se busca eliminar? Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.

Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Pero es en las librerías donde se consiguen muchos títulos que no son best sellers y que pasan años en los estantes.

Entonces, para sostener esos negocios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas. Porque si cierran ¿quién venderá los libros que no tienen tantos lectores? A eso- muchos títulos aunque sean de bajas tiradas- se llama “bibliodiversidad”.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el sector, registró Infobae.

“Puede ser terrible, en primer lugar y en el corto plazo, para todo el ecosistema de librerías. Va a ser un golpe enorme si se aprueba“, dice Pablo Braun, promotor cultural, responsable de la librería y editorial Eterna Cadencia. “Las cadenas de grandes superficies y los supermercados manejan otros volúmenes, descuentos y plazos de pagos van a poder hacer descuentos grandes, que van a ser imposibles de igualar”, agrega.

LEER MÁS: Javier Milei promueve privatizaciones, reforma electoral y asumir facultades legislativas

Y sigue: “Muchas de las compras se van a trasladar a estos lugares y la venta en librerías independientes va a bajar y va a hacer que, naturalmente, cierren algunas, se achiquen otras y se pierdan puestos de trabajo”.

“Primero va a pegar a las librerías, pero después a las editoriales”, expresa y advierte que se va a perder la bibliodiversidad.

La editorial Blatt & Ríos también hizo publica su postura sobre el proyecto de derogación de la “Ley de Defensa de la Actividad Librera” en la red social X: “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542″, comienza y profundiza: “Con estos las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) también está incluida en la “ley ómnibus”. La CONABIP cuenta con gran relevancia en el interior del país y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se sabe, es uno de los actores más importantes. ¿Por qué? Se trata de bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que tienen la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades.

¿Cómo las afectaría de aprobarse el proyecto en el Congreso? El apartado quinto del documento es un apartado dedicado exclusivamente a la CONABIP. Las afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial, que creaba la Ley 23.351. Fuentes cercanas a la Comisión advierten el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles.

Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.

A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.

También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.

Las Bibliotecas Populares fueron creadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1866.