El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná determinó que lo realizado por los acusados “no constituye el delito de peculado. Debe decirse que los imputados, en modo alguno, se apropiaron de dinero público”.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná absolvió este lunes al ex intendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), que fue que fue acusado de realizar acciones de ayuda social como forma de captar votos en el marco de una campaña electoral. También fueron absueltos la ex secretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el ex secretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel.

El juez Pablo Vírgala fue quien comunicó el fallo absolutorio, en el que remarcó que los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani no lograron probar el delito de peculado.

Robles (a la izquierda), Waigel y Winderholler escuchan atentos el fallo absolutorio.

El magistrado –que estuvo acompañado por Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo- remarcó que la ordenanza Nº 03/2003 no era aplicable para la entrega de materiales de construcción, tal como lo sostenía la defensa de los imputados. La presunta violación a dicha norma fue la piedra fundamental de la denuncia de Cambiemos y la acusación fiscal.

“De los testimonios recibidos en debate pudimos entrever que la documental aportada por la denunciante no resultaba confiable”, señaló el Tribunal.

También se observó que en la gestión de Cambiemos, a cargo de Darío Schneider, existió “la orden de buscar aquello que pudiera comprometer a Robles” y también se entregó información incompleta a la contadora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que realizó la auditoría que sirvió para denunciar al ex intendente.

En otro tramo de la resolución, Vírgala cuestionó la afirmación de uno de los fiscales durante el juicio, cuando dijo que la gestión de Robles “regalaba” materiales a la gente.

“No puedo dejar de señalar que el Estado no regala, como señaló uno de los fiscales en una desafortunada concepción. El Estado asiste a los más desposeídos”, lo corrigió Vírgala.

Enseguida, citó el artículo 25 de la Constitución provincial, en el que se establece que “el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados”.

Así las cosas, sostuvo que “los imputados se movieron siempre dentro de un sistema informático y administrativo transparente que permitió que el denunciante pudiera reconstruir todas las operaciones observadas. No se gastó por fuera de la partida presupuestaria asignada, no se compró sistemáticamente en forma directa por encima de los montos permitidos, los funcionarios tomaron intervención cuando les correspondía y el material se entregó a los solicitantes”.

Más adelante, definió que lo realizado por Robles, Waigel y Winderholler “no constituyen el delito de peculado que se les endilgó a los imputados. Debe decirse que los imputados, en modo alguno, se apropiaron de dinero público”.

Luego dictó la sentencia absolutoria para los tres imputados.

Lo que dice el archivo

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El caso

Durante el proceso judicial se discutió la presunta distribución -por parte de Robles y otros dos funcionarios- de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”. La causa comenzó a tramitarse en 2016, tras la denuncia del actual intendente de Crespo, Darío Schneider (Juntos por el Cambio).

La tesis acusatoria decía que los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.

Por el contrario, los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli sostuvieron que no hubo irregularidades en la entrega de los materiales para la construcción y que la ordenanza O3, de 2003, no era aplicable a la entrega de materiales. El Tribunal, finalmente, les dio la razón.

“Yo no quiero ser más intendente. Este no es un mensaje político, esto sale de mis entrañas: no quiero que le pase a otros lo que vivimos nosotros. Que llegue mucha gente buena y se ponga a disposición del Estado y se los corra de esta forma”, expresó Robles en su defensa frente el Tribunal antes de que se dicte sentencia.

“Por mi forma de moverme, nunca pensé que iba a tener que estar en este escenario. Después de la denuncia esperaba que pase el tiempo lo antes posible para poder contar nuestra verdad”, dijo, además, el exintendente Robles al declarar ante el Tribunal, el 5 de marzo.

Y apuntó a su sucesor, Darío Schneider (Juntos por el Cambio): “La escalada de mentira llegó a tal punto que el intendente Schneider no recordó cuánto pagó por la auditoría que llevó a la única denuncia penal de la historia de Crespo. Yo no quiero ser más intendente. Este no es mi mensaje político, esto sale de mis entrañas: no quiero que les pase a otros lo que vivimos nosotros. Que llegue mucha gente buena y se ponga a disposición del Estado y se los corra de esta forma”.

Finalmente, el Tribunal lo absolvió de culpa y cargo.

Fuente: Entre Ríos Ahora.