El presidente autorizó la venta a privados de activos de 10 compañías generadoras estatales y creó Integración Energética Argentina S.A., que absorberá a la empresa que comercializa la energía que produce la represa entrerriana.El presidente de la Nación, Mauricio Macri, instruyó al ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren, mediante el decreto 882/2017, a la “puesta en venta de los activos energéticos de Enarsa y del Ministerio de Energía mediante mecanismos licitatorios transparentes” y a las “participaciones accionarias” del Estado en otras empresas, “ya sean controlantes o minoritarias”.

La autorización de venta a privados de las compañías públicas generadoras de energía no incluye, al menos hasta el momento, a la represa entrerriana Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, ubicada en cercanías a Concordia y que Argentina comparte con Uruguay.

Cambios y ventas
Sí se ordenó en el decreto publicado este miércoles que la compañía que comercializa la energía producida en Salto Grande, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), sea absorbida por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y, fusionadas,conformen Integración Energética Argentina S.A.

A partir de ahora, ENARSA tendrá a su cargo la comercialización -que estaba a cargo de EBISA- de la energía eléctrica «proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales», como es Salto Grande.

La represa ubicada en Entre Ríos es propiedad de los Estados nacionales argentino y uruguayo y administrado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que contiene delegaciones de ambos países. El presidente de la argentina es Roberto Niez, dirigente macrista de Concordia. La represa cobró protagonismo en la campaña electoral reciente, a partir del proyecto de su provincialización que impulsa el gobierno entrerriano.

Los activos que el Estado podrá poner a la venta son aquellos sobre los que actualmente tiene derecho en las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.

El decreto del Poder Ejecutivo establece asimismo que Integración Energética Argentina se desprenderá de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López; y podrá ceder o vender los activos y derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, así como la participación accionaria de la ex Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.

Argumentos de la privatización
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional afirma seguir “el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado”.

A su vez, considera que la generación de energía eléctrica “es desarrollada mayoritariamente por agentes privados en un mercado diversificado y competitivo, regido por normas legales y reglamentarias que propenden a asegurar su normal funcionamiento sujeto al control de las autoridades competentes, por lo que la participación del Estado Nacional como titular u operador de centrales no resulta necesaria para asegurar el normal funcionamiento del sector”. Lo mismo se afirma de la actividad de “transporte de energía eléctrica”.

En tanto, restringe “la intervención estatal” al ejercicio de “la policía de seguridad, al cumplimiento de los requisitos mínimos del servicio público, a la preservación del medio ambiente y a la protección del usuario y del consumidor frente a posibles violaciones”.

También argumenta el decreto presidencial que el sistema eléctrico nacional requiere medidas “que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país”, para lo cual “resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos”.

Por todo ello, argumenta el gobierno nacional, “resulta conveniente transferir ciertos emprendimientos energéticos en los que el Estado Nacional tiene participación a empresas del sector privado que posean las capacidades técnicas y financieras suficientes”, lo cual permitirá “al Estado Nacional asignar sus recursos a otros fines prioritarios”.