El gobernador designará a la diputada en su Gabinete. Fue diputada nacional del 2003 al 2007; Secretaria de Gobierno de Paraná en el 2008 y 2009 y de Planificación del 2009 al 2011. En 2011 ingresó a la Cámara Baja y fue reelecta en 2015.El gobernador Gustavo Bordet designará a la diputada provincial justicialista, la abogada Rosario Romero, como ministra de Gobierno y Justicia del gobierno entrerriano, lugar que dejó vacío Mauro Urribarri. 

Romero fue diputada de la Nación del 2003 al 2007; Secretaria de Gobierno de la municipalidad de Paraná en el 2008 y 2009 y de Planificación e Infraestructura del 2009 al 2011. Fue electa diputada provincial desde 2011 y reelecta en 2015.

Nació en Paraná el 7 de noviembre de 1956. Es hija de Juan Carlos Romero, militar de la Fuerza Aérea y de Rita Sanero, Ama de casa. Está casada con el ex intendente de Paraná, y actual titular del Epre, José Carlos Halle (1956) con quien tiene dos hijas y un hijo. Hizo 1º Inferior en la Escuela del Huerto y luego finalizó sus estudios primarios en el Instituto Cristo Redentor, donde también hizo la secundaria. Ingresó a estudiar Abogacía a la Universidad Nacional del Litoral en el año 1974 y se recibió en 1978.

Oficialmente se supo del nombramiento este jueves a la medianoche, y en un parte de prensa oficial se resumió la carrera política de la dirigente: «Ejerció su profesión desde mayo de 1978 hasta el 2003. Mientras fue estudiante trabajó en Defensoría de Pobres y Menores y en un estudio jurídico al que ingresó a los 15 años de edad. Trabajó algunos meses en la municipalidad en el área de ejecuciones (1978). También fue docente de la UNL. Fue asesora de la Cámara de Diputados de la provincia desde 1995 a 1997 y Presidenta el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia en el año 1999. Además fue vocal del Comisión del Colegio de Abogados. Obra que destaca: En el orden nacional, el haber logrado la creación de los Juzgados. Federales nuevos en Paraná y Concepción del Uruguay, y el trabajo realizado para la introducción en el Código Penal de delitos de lesa humanidad».