El papa argentino ofreció un discurso a los participantes y clamó contra las desigualdades en las sociedades actuales.

«Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres», argumentó Jorge Bergoglio.

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«Ello exige los esfuerzos de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo», añadió.

Francisco mostró su preocupación por las «voces» de «algunos ‘doctrinarios’, que tratan de ‘explicar’ que los derechos sociales son ‘viejos'» y no aportan nada a las sociedades actuales.

Estas afirmaciones, prosiguió, «confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad e indignidad».

El papa hizo un llamamiento para que los países trabajen en favor de la igualdad y minimicen cada vez más la «exclusión y segregación, de modo que la inequidad no tenga la última palabra».

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Criticó los «vacíos legales, tanto de una legislación adecuada como de la accesibilidad y el cumplimiento de la misma», pues dijo que «ponen en marcha círculos viciosos que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y bienestar» y generan una «corrupción» cuyas consecuencias acaban sufriendo principalmente los pobres.

Finalmente, rechazó la instrumentalización de la Justicia o el «lawfare» porque pone «en serio riesgo la democracia de los países» y a menudo es «utilizado para minar los procesos políticos emergentes» y violar sistemáticamente los derechos sociales.