El abogado vialense Juan José Marcolini, explicó que la denuncia que presentó contra dos consejeros del Consejo de la Magistratura se debe “al incumplimiento de la ley que establece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura” dado que la consejera representante de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) “está usurpando un cargo porque no ha sido elegida conforme el mecanismo legal establecido, se le ha tomado juramento y está investida con las facultades que no tiene”. Al respecto, advirtió que la funcionaria “tiene el mandato vencido, ya que lo está ocupando por tercera vez cuando la ley expresamente dice que pueden tener solo dos mandatos y está en ese lugar sin haber sido elegida por voto directo de su estamento”. Especificó que esta situación se produjo “luego de haber atravesado todas las etapas de antecedentes académicos, exámenes escrito y oral en forma exitosa, pero en la entrevista personal se me descendieron las calificaciones quedando ubicado en el segundo lugar lo que me impidió acceder al cargo, amén de haber acreditado la idoneidad técnica para acceder a él”. “Concretamente esta delegada de AJER me descalifica nada más y nada menos por la disciplina, el orden y el trabajo que le imprimí al Juzgado que implican que los empleados tengan que trabajar, y ese es el precio que pago hoy”, acusó el abogado, quien adelantó que seguirá “recurriendo hasta agotar todas las instancias porque no se puede entender que un órgano estatal que tiene la misión suprema de elegir jueces incurra en estas irregularidades”. Además, alertó: “No soy la primera víctima de esta situación”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Marcolini indicó que “se incorporó esta denuncia penal en función de haber atravesado en el Consejo de la Magistratura todas las etapas de antecedentes académicos, exámenes escrito y oral en forma exitosa y en la entrevista personal se me descendieron las calificaciones quedando ubicado en el segundo lugar lo que me impidió acceder al cargo, amén de haber acreditado la idoneidad técnica para acceder a él”.

La denuncia se realizó “en virtud de las irregularidades que advertí, porque la ley del Consejo de la Magistratura N° 9.996 establece los mecanismos para que se designen algunos consejeros, como los delegados de AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos) y los representantes de las asociaciones civiles, los cuales no han cumplido con los recaudos que establece la ley”, especificó.

Al respecto, mencionó a modo de ejemplo que “los delgados de AJER, el gremio que nuclea a los empleados judiciales, deben ser votados por voto directo de sus afiliados, pero esta delegada representante de AJER en el Consejo de la Magistratura está incursa al parecer en esta ilicitud que llevo a los estrados judiciales a denunciar”.

Especificó que “tiene el mandato vencido, ya que lo está ocupando por tercera vez cuando la ley expresamente dice que pueden tener solo dos mandatos y está en ese lugar sin haber sido elegida por voto directo de su estamento” y resumió que “se incumple la ley que establece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque ella está usurpando un cargo porque no ha sido elegida conforme el mecanismo legal establecido, se le ha tomado juramento y está investida con las facultades que no tiene”.

En cuanto a la cuestión judicial, comentó que “se entablaron todas las acciones legales pero nunca obtuve la respuesta deseada porque recurrí por medio de recursos de amparo en los cuales nunca me dijeron si tenía razón o no sino que me dijeron que vaya a la vía contenciosa”.

De todos modos, afirmó que “la irregularidad está y seguiré recurriendo hasta agotar todas las instancias porque no se puede entender que un órgano estatal que tiene la misión suprema de elegir jueces incurra en estas irregularidades”.

Por otra parte, aseguró no tener “ninguna participación política” y describió: “Vengo del ejercicio libre de la profesión durante 25 3ños, ocupé el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Villaguay de forma interina, luego comencé a rendir en el Consejo, gané el Juzgado de San Salvador con el mejor puntaje y las mejores calificaciones y en la entrevista pública algunos consejeros me bajaron el puntaje lo que me impide acceder al cargo”.

“Concretamente esta delegada de AJER me descalifica nada más y nada menos por la disciplina, el orden y el trabajo que le imprimí al Juzgado que implican que los empleados tengan que trabajar, y ese es el precio que pago hoy”, acusó.

Sobre la continuidad del concurso cuestionado, señaló que “ha sido convalidado por los superiores, por el presidente del Consejo de la Magistratura, Martin Uranga, que es quien toma juramento a los consejeros para que ocupen ese lugar”.

Ante ello, reiteró que efectuó todos los planteos “para lograr una nulidad del acta por la falta de motivación, porque ni siquiera se me dan las razones por las cuales estos consejeros me descalifican groseramente, con un puntaje muy bajo para dejarme fuera del concurso” y advirtió: “No soy la primera víctima de esta situación, hay mucha gente que atravesó y está atravesando una situación similar pero hay que tener la fortaleza para poder luchar con semejante que tienen ellos para avasallar los derechos de los concursantes”.

Finalmente, especificó que “se presentó vía un habeas data, que es un instituto legal para obtener información, pero se me exhibe la misma de modo incompleto porque no me entregan las respectivas elecciones en las que fueron elegidos los consejeros para estar en el lugar que ocupan”