Dos nombres aparecen en la línea de largada para presidir el organismo de control más cuestionado. Una reforma en la reglamentación generó sospechas para favorecer a un postulante. La Justicia repuso a Gustavo Javier Tórtul en el Tribunal. Está imputado en la causa de la Cumbre del Mercosur.El 13 de julio, que no cae martes, el Tribunal de Cuentas cumple 3 años en tener al frente un presidente interino. También se cumple tres años de postergación para conformar un jurado que evalúa y constituye una terna para titularizar la presidencia del organismo de control más cuestionado de la historia reciente.

La salida de Guillermo Smaldone, luego de un largo trajín judicial, se resolvió con la unción de Federico Tomas al frente del Tribunal. Se resolvió recurrir al abogado más antiguo hasta tanto y a través de una ley de concurso se reglamente el procedimiento de selección, como lo establece la Constitución reformada en 2008.

Tres años de idas y vueltas han impedido cumplir con la norma. El problema, concreto, era que no se terminaba de constituir el jurado de seis miembros entre profesionales, académicos y representantes de asociaciones civiles. Se le solía echar la culpa a éste último estamento. Finalmente quedó constituido por Eduardo Muani y Andrés Sabella por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Eduardo Rudi y Ayelén Almada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer); y Norma Navoni y Silvina Calveyra por las ONGs.

El Ministerio de Gobierno avanzó con una reglamentación que quedó en la mira de quienes observan estas maniobras que la política suele ignorar y calificar de nimiedades. A través del decreto 2664, de agosto del año pasado, se modificó el régimen de los concursos para ocupar cargos en organismos de control. Básicamente en el ítem “Antecedentes Profesionales”. Antes los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y en el ejercicio libre de la profesión. La norma actual incorpora una nueva clase: “Antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en Organismo de naturaleza constitucional”. Los observadores lo leyeron de la siguiente manera: está hecho para alguien que haya integrado un organismo de control o juzgamiento. Por caso el Jurado de Enjuiciamiento. Adivinanza: ¿quién se favorecería? Diego Lara.

El nombre del diputado provincial, devenido en un ferviente kirchnerista, es uno de los candidatos puestos para ocupar el cargo que hoy ostenta Tomas. Al legislador se le ha dicho que concurse y logre estar en la terna, una vez cumplido el desafío en el Ejecutivo se comprometieron a tenerlo en cuenta al momento de elegir a un ternado. Con la versión coincidieron varias fuentes ante Página Judicial.

El otro candidato es el actual presidente. Era el número puesto del Ejecutivo, pero con el tiempo bajó algunos escalones por algunas actitudes que molestaron. Hace unas semanas convocó a concurso para cubrir 15 vacantes. En Casa Gris se enteraron por los medios y enseguida llamaron al orden. La convocatoria de Tomas tiene un inconveniente. La Provincia adhirió al pacto fiscal que limita la incorporación de empleados públicos. Finalmente se continuó con el concurso, pero el enojo persiste.

Tomas y Lara aparecen como los candidatos para cubrir la presidencia del organismo de control que cada tanto, en alguna audiencia en tribunales o en un legajo, es noticia. Siempre mala.