El gobierno nacional planea recortar el 18 por ciento de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. El achique se concentrará en Ministerios y organismos descentralizados. El Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área. Intimarán a los que puedan jubilarse, cortarán contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas y no renovarán los que culminan a finales de diciembre en áreas consideradas “superpobladas”. Los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados y preparan una ofensiva. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) podría llamar a un paro para el 6 de diciembre.

El denominado «Informe de dotación óptima» solicita a los responsables de cada dependencia del Estado que se ajusten a los números planteados eligiendo qué trabajadores prefieren conservar. Según publicó Clarín, el relevamiento oficial para el gobierno hay 19.119 trabajadores «de más» en los organismos relevados hasta ahora.

Modernización planteó un esquema denominado «de adecuación». El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas en sus puestos de trabajo y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre de aquellos que integran las áreas «superpobladas».

A nivel nacional, el Estado cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades).

En Modernización niegan una reducción masiva de personal, pero hasta los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados y preparan una ofensiva. ATE podría llamar a un paro para el 6 de diciembre.

En la cartera que comanda Andrés Ibarra aseguran que el recorte alcanzará por el momento a coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros. Se trata de 680 cargos que tienen salarios de entre 50.000 y los 200.000 pesos.

Con el recorte del 18 por ciento de la planta total se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3 por ciento del PBI. “Es un mensaje de austeridad, en momentos en los que el gobierno está pidiendo a todos los sectores que hagan un esfuerzo», sostienen en Balcarce 50.

El septiembre pasado, muchas dependencias del Estado recibieron un informe de Modernización donde se les avisaba que esa cartera había escaneado cada área y encontró mayor personal del necesario. De esta manera, solicitaron a los responsables de cada Ministerio y organismo descentralizado que ajusten su plantilla al organigrama deseado para cada área.

Bajo la lupa se encuentran los ministerios de Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Finanzas, Educación, Trabajo, Transporte, Desarrollo Social y organismos como el INTA, ENACOM, CONEA, Enre, INCAA, Energas, UIF, INAES, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Fabricaciones Militares y ANSeS, entre otras dependencias. En el caso de los organismos públicos que cuenten con atención al público, se sugirió recortar puestos de trabajo mediante la utilización de la ventanilla única electrónica. Es el caso de la ANSeS y el PAMI, que cuentan con más de 30 mil empleados.

“Ya analizamos más de 1.000 reparticiones entre Direcciones, Subsecretarías, etc. Analizamos las metas y objetivos de cada sector para determinar el personal necesario en cada área”, sostienen fuentes del Ministerio de Modernización. En ese relevamiento se detectaron áreas duplicadas en Subsecretarías y Direcciones, producto de la partición del antiguo Ministerio de Economía y la creación de cinco nuevos Ministerios. “Tal vez no haya necesidad de despedir a toda la gente, quizás se puedan reasignar en otras áreas”, justifican en Modernización.

Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.