La Cámara Baja aprobó unánimemente el proyecto enviado por el gobernador y consensuado en la comisión bicameral. La ley otorga facultades a la Policía y la Justicia provinciales para combatir la droga a pequeña escala. Críticas de CambiemosEn una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó este martes sobre tablas la ley de Narcomenudeo, por la que Entre Ríos adhiere a la ley nacional que establece los parámetros para la investigación y juzgamiento de la venta de drogas a baja escala entre Nación y Provincia, dando atribuciones a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial entrerrianos que hoy ejercen sólo sus pares federales.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Diego Lara (justicialista) presentó el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Bordet y que viene a reemplazar a las fallidas leyes anteriores, de 2007 y 2014, esta última declarada inconstitucional por dos jueces federales de la provincia.

Tras mencionar los dos “intentos fallidos”, consideró que “ahora estamos ante un nuevo capítulo y ante una instancia diferente porque nos dimos el tiempo suficiente de debate, de consulta y de interacción con los principales actores de los tres Poderes del Estado y de quienes integran la Justicia Federal”.

Al argumentar la iniciativa, dijo Lara que “la venta de estupefacientes a baja escala es más permeable a ser atacada con fuerzas de seguridad provinciales, que tienen más presencial territorial que las federales”. No obstante, aclaró que “es irrisorio pensar que una ley va a solucionar el flagelo que significa la droga”.

En otro tramo de su fundamentación, Lara cuestionó la posibilidad de que “se presione a las instituciones provinciales para que persiga a los ciudadanos entrerrianos por consumo personal de droga” e instó a “ser cuidadosos” y evitar lo que sucedió en otras provincias, donde se registró “una fuerte criminalización de los sectores más vulnerables”. Fue en este sentido que hizo hincapié en la necesidad de “ser mesurados a la hora de aplicar esta ley”.

Finalmente el diputado destacó que el Gobierno nacional tiene que tener la “decisión política” de transferir los fondos correspondientes para el sistema penitenciario provincial.

Posturas
La diputada Ayelén Acosta (Cambiemos) destacó la aprobación de la ley, pero pidió por “una política integral de seguridad”, mientras que su par Gabriela Lena (Cambiemos) también celebró que se avance en esta norma, pero manifestó su preocupación por la posibilidad de que se “esté legislando para la tribuna”. Estimó que será una ley “poco aplicable si es que no mejoran algunas cosas”, como la falta de personal en los juzgados.

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos, Sergio Kneeteman, destacó la aprobación de la ley “por consenso” y lo atribuyó “a un nuevo tiempo político” en el que “priman los intereses de la sociedad por los sectoriales, aunque advirtió que “hace 11 años que estamos discutiendo este tema en la provincia y todavía no lo hemos podido implementar”.

En tanto, Daniel Koch (UNA-Frente Renovador) también adelantó su voto positivo, pero marcó una serie de dudas respecto a la aplicación de la ley. Más tarde Fuad Sosa (Cambiemos) calificó a la ley como “positiva” y como “un punto de partida”, pero aseguró que “es perfectible”.

En tanto, Alberto Rotman (Cambiemos) también celebró que se avance pero expresó su preocupación “por la falta de recursos de la Policía de Entre Ríos, la Justicia y el Ministerio Público”, al tiempo que cuestionó la falta de instituciones que contengan a las personas adictas. Me da la impresión de que estamos poniendo el carro delante de los caballos porque falta infraestructura”, sintetizó.

Luego Alejandro Bahler (Unión Popular-Frente Renovador) expresó que “esta ley será el comienzo de una discusión en serio” y, por último,Carmen Toller (Frente Justicialista) aseguró que vota “con una profunda convicción” y sostuvo que “el hecho de que las provincias tengamos que hacernos cargo del narcomenudeo es un fracaso del Estado nacional”.

La ley
A través de la adhesión a la ley nacional 26.052 la provincia asume la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes en menor escala, coordinando este trabajo con las fuerzas federales y justicia federal en lo relativo al intercambio de información útil para investigaciones de grandes redes de narcotráfico.

La iniciativa del Poder Ejecutivo declara la adhesión “a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052”.

El proyecto contempla para tal fin el pedido de transferencias de créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, así como también del Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5º de la ley 26.052. Asimismo prevé la creación de fiscalías y cargos para técnicos especializados con competencia prioritaria en este tipo de delitos.

En torno a los recursos económicos a los que refiere el artículo 6º de la ley 26.052, se destinarían en la provincia a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, distribuidos en áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Social.Fuente: APF