La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió el objeto del expediente que comprende la situación de Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena, que en junio de 2010 presentó su caso ante la CIDH para que revise la condena que le impuso el 12 de junio de 2006 por Enriquecimiento ilícito, el tribunal integrado por Raúl Herzovich, Silvia Nazar y Jorge García. Éste último es el actual jefe de los fiscales. La defensa recibió la notificación se recibió este jueves 2. de Octubre 2025
En el contexto del expediente caratulado “Domingo Daniel Rossi 13.588 Argentina” el secretario adjunto ejecutivo adjunto del organismo, Jorge Meza, notificó este jueves a la defensa de Rossi, integrada por Guillermo Reggiardo, Carlos Edwars y Gonzalo Miño: “Estimada parte peticionaria: Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de acusar recibo a su atenta comunicación, recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 30 de junio de 2025, en la cual suministra información relativa al asunto arriba mencionado. Se ha tomado debida nota de dicha información, la cual ha sido enviada al Estado e incorporada al expediente para los fines correspondientes”.
La notificación informó que la CIDH amplió “el objeto del Asunto 13.588 Domingo Daniel Rossi” y remitió a la Cancillería argentina la actualización presentada, lo que supone un avance de la causa. El expediente —que se inició en 2010 y fue previamente actualizado por la intervención de Iosper y la persecución judicial a los denunciantes— incorporó denuncias y hechos actuales presuntamente cometidos entre 2024 y 2025, incluyendo, según se precisó, decisiones internas que afectan la defensa en juicio con patrocinio letrado.
Qué se incorporó
La presentación incorporó “hechos actuales 2024–2025 agregados formalmente al expediente internacional”. Se trata de la “intervención del Iosper y su impacto institucional (línea que ya fue incorporada en ampliaciones previas)”. La “persecución judicial a denunciantes (hostigamiento procesal, causas paralelas y acumulaciones artificiales)”; Reggiardo tiene seis causas abiertas en su contra. Y “decisiones y audiencias internas que obstaculizan o niegan la defensa en juicio con abogado”.
Documentación compaginada
Entre la documentación se acompañó los “oficios de la CIDH: remisión a Cancillería y notificación a la parte peticionaria (2 de octubre de 2025)”. La “denuncia penal federal (47 páginas) y Ampliación de denuncia (7 páginas)”. Y “constancias de remisión (correo y adjuntos)”.
Qué implica
Allegados al proceso señalaron que la notificación de la CIDH significa un “avance de la causa” precisando que “el Estado recibe formalmente la actualización vía Cancillería y debe pronunciarse”. También que “se consolida el marco para tutelar garantías penales en Entre Ríos (debido proceso, derecho de defensa, juez imparcial y revisión)”.
El antecedente
El tema fue planteado por Reggiardo en una de las tantas denuncias y recusaciones que presentó contra funcionarios políticos y judiciales. Así, en la denuncia penal que presentó en el fuero federal contra “Gamal Taleb, Dardo Tortul, Javier Cadenas, Oscar Rossi, María Alejandra Gómez, Sebastián Elal, Luis Márquez Chada, Fernando Martínez y Rodrigo Molina, entre otros partícipes –por los delitos de falsa denuncia agravada, falsificación de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violencia institucional sistemática, todo en perjuicio de mi persona, de mi hija menor de edad, de mi ex pareja y de varias personas patrocinadas por mi matricula…”, esbozó su hipótesis.
Así, indicó que “apenas recibido como abogado fui convocado para ejercer la defensa legal del entonces ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, quien había sido condenado injustamente en 2006 en una causa penal plagada de irregularidades. En dicha causa no se respetaron garantías elementales: testigos claves fueron eliminados arbitrariamente, pruebas esenciales manipuladas o suprimidas, y se viola flagrantemente el derecho constitucional al doble conforme”.
Reggiardo señaló que “ante estas graves vulneraciones constitucionales, agotamos todas las instancias internas, incluida una presentación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lamentablemente aplicó el artículo 280 (sin fundamentación) denegando la revisión. Por ello, en 2010, decidimos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual, en 2016, consideró suficientemente fundadas nuestras denuncias y decidió reabrir el trámite internacional”.
El defensor recordó que “la reapertura ante la CIDH generó inmediatas represalias institucionales contra Rossi, quien sufrió el armado arbitrario de dos nuevas causas penales en la provincia: una referida al plan provincial ‘Más Cerca’, en la que paradójicamente se le imputaba haber ejecutado más obras (27 cuadras en lugar de 20); y otra consistente en la reapertura irregular de la misma causa ya cuestionada internacionalmente, esta vez por apenas un 10% del patrimonio originalmente imputado, evidenciando la falsedad y arbitrariedad inicial de la condena y revelando una clara persecución política por parte del Poder Judicial entrerriano”
Fuente DDR
