El senador Dal Molín buscó en un proyecto de 1997 un argumento para justificar la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. El problema es que citar un antecedente aislado no alcanza para explicar ni legitimar una decisión política actual. Que Jorge Busti haya evaluado alternativas sobre el sistema previsional en los años noventa no significa que hubiera acompañado una reforma como la que hoy propone el Poder Ejecutivo. Por el contrario, su trayectoria muestra otra cosa: gobernó defendiendo la Caja provincial y evitando que el costo de los ajustes recayera sobre los trabajadores y jubilados entrerrianos.
Una de las características centrales de sus tres gobiernos fue la defensa del empleo público y de los derechos de los trabajadores activos y pasivos. Busti entendía la responsabilidad fiscal como una herramienta para ordenar la provincia y cumplir con sus obligaciones, no como una excusa para avanzar sobre derechos previsionales. Por eso, usar su nombre para respaldar un proyecto que afecta directamente a jubilados y pensionados no solo es una lectura forzada de la historia, sino una maniobra política difícil de sostener.
Si se quiere hablar del verdadero legado de Busti, hay que recordar su decisión de sostener la Caja de Jubilaciones en manos de la provincia frente a las presiones del poder central, y también sus gestiones por los fondos compensatorios durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ese es el antecedente político concreto: defender el sistema previsional entrerriano, no debilitarlo. Busti no habría sido funcional a una reforma de emergencia que concentra facultades en el Ejecutivo y abre la puerta a un retroceso en derechos.
Además, hay una contradicción que el oficialismo todavía no explicó. El 10 de abril de 2025, el gobernador Rogelio Frigerio afirmó públicamente que su gestión había reducido el déficit de la Caja en más del 50% y llegó a decir: “En un año salvamos la Caja de Jubilaciones”. Sin embargo, poco más de un año después, el mismo gobierno impulsa la emergencia previsional. Entonces la pregunta es inevitable: ¿la Caja estaba salvada o no lo estaba? Los entrerrianos merecen una explicación seria antes de que la Legislatura vote una medida de semejante impacto.
Desde el Frente Entrerriano Federal no se niega la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional. Ese debate puede y debe darse con responsabilidad, números claros y sin oportunismo. Lo que se rechaza es este proyecto en particular, porque traslada el peso del ajuste sobre jubilados y pensionados, afecta garantías reconocidas por la Constitución Provincial y expone al Estado a una judicialización masiva que terminarán pagando los propios entrerrianos.
Dal Molín puede revisar todos los archivos que quiera, pero no puede convertir un documento de hace casi treinta años en una coartada política para justificar una reforma regresiva. Si quiere honrar a Busti, debería hacerlo defendiendo la Caja frente a los poderes de turno, no buscando frases sueltas para respaldar decisiones que el gobierno ya tomó. La responsabilidad de esta reforma no pertenece al pasado: es del oficialismo actual, que debe dar explicaciones y hacerse cargo de sus consecuencias.
