Aquel 30 de octubre de 1983 recuperamos mucho más que el voto,
recuperamos el derecho de participar y tenemos que ejercerlo cotidianamente
en beneficio de la comunidad.
Los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de participar
activamente en la vida política del país, ya sea a través del voto en las
elecciones, de la participación en organizaciones de la sociedad civil, de la
asistencia a reuniones y audiencias públicas, o en la presentación de
propuestas y demandas a las autoridades.
La participación ciudadana contribuye a la legitimidad de las
instituciones y del sistema político en su conjunto, ya que permite que las
decisiones sean tomadas de manera más representativa y en línea con las
necesidades y demandas de la ciudadanía.
Por otro lado, la baja participación ciudadana puede ser un indicador de
desconfianza en las instituciones y en el sistema político, lo que puede afectar
negativamente la estabilidad y la legitimidad del mismo.
El porcentaje de votantes en las elecciones en Argentina ha variado a
lo largo del tiempo y depende en gran medida de la coyuntura política y social
de cada elección. En términos generales, se observa que la participación
electoral en las elecciones intermedias ha sido menor que en las elecciones
presidenciales.
Existen varias razones por las que deberíamos participar en política
En el 2023, la democracia en nuestro país estará alcanzando los 40
años sin interrupciones y tenemos como Comunidad que enfrentar varios
desafíos que nos presenta el siglo XXI para fortalecerla, algunos de los cuales
son los siguientes: disminuir las desigualdades y la exclusión social a través de
la generación de empleo y riqueza, acordar una agenda que atienda el cambio
climático y la sostenibilidad de las actividades humanas, generar marcos
normativos para que el desarrollo tecnológico no avasalle la privacidad ni sean
utilizadas para torcer valores comunitarios, evitar caer en polarizaciones que
hieran el diálogo y la cooperación entre diferentes expresiones políticas,
dificultando la toma de decisiones eficaces y, sobretodo, garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos, fundamentales para una democracia
saludable.
Los Partidos Políticos y la participación
El sistema de partidos políticos sigue siendo la forma más común y
efectiva de organización política en una democracia representativa, aunque hay
formas modernas de participación política que pueden complementar o
enriquecer el sistema de partidos.
Los partidos políticos permiten la organización y representación de
diferentes visiones políticas y la competencia electoral, lo que ayuda a
garantizar una representación efectiva de los intereses y valores de los
ciudadanos. Sin embargo, los partidos políticos también tienen desafíos y
problemas, como la polarización y la falta de conexión con los ciudadanos de a
pie.
Podemos identificar algunas tareas pendientes de los partidos políticos,
tales como la falta de capacitación de sus líderes para desempeñar cargos
públicos, considerando su rol como entes auxiliares del sistema democrático.
Asimismo, resulta necesario fomentar una vida interna que trascienda la
dinámica electoral, promoviendo la participación y el diálogo entre los
miembros de los partidos, en aras de fortalecer la institucionalidad y la
transparencia en la actividad política.
En términos de formas modernas de participación política, existen
diferentes opciones que pueden complementar o incluso reemplazar ciertas
funciones de los partidos políticos. Por ejemplo, los movimientos sociales que
se han organizado fuera de los partidos políticos tradicionales, y que han
logrado tener un impacto significativo en la política y la sociedad. Estos
movimientos han surgido en respuesta a problemas específicos o en rechazo a
la política tradicional, y ofrecen nuevas formas de organización y participación
ciudadana.
La política tiene un impacto significativo en nuestras vidas, desde las
decisiones económicas hasta las políticas sociales y ambientales. Participar en
política es una forma de asegurarnos que nuestras voces sean escuchadas y
que nuestras necesidades e intereses sean representados.
2023 año electoral: proyectos de poder vs proyectos de servicio
El servicio público es de vital importancia para el funcionamiento de
cualquier sociedad democrática y para garantizar el bienestar y la calidad de
vida de la población. El servicio público tiene como objetivo principal satisfacer
las necesidades y demandas del Pueblo en su conjunto, y no de intereses
particulares o sectoriales.
Transcurridas cuatro décadas de ejercicio democrático, debemos
comenzar a privilegiar proyectos de servicio, espacios que entiendan a la
política como búsqueda permanente de soluciones y no de conflicto.
Involucrarnos en política es fundamental para mantener una
democracia fuerte y saludable. Al votar y participar en el proceso político,
estamos ayudando a fortalecer las instituciones de la República.
El terruño y los desafíos para mejorar la institucionalidad
Se observa un deterioro progresivo del humor social como resultado de
la falta de acceso a bienes y servicios esenciales para la vida diaria, dando
lugar a expresiones cada vez más radicalizadas que abortan el diálogo,
elemento fundamental para el funcionamiento de la democracia. Para recuperar
la confianza institucional y fomentar una mayor participación ciudadana en los
procesos políticos, es necesario implementar ajustes que atiendan las
demandas de la Comunidad.
En tal sentido, considero oportuno se analicen algunas medidas que
están orientadas a restablecer la confianza en las instituciones y en los
procesos electorales.
Ficha limpia
La corrupción afecta la confianza institucional y los bienes y servicios
que brinda el Estado, debemos comenzar a debatir un proceso que permita la
institucionalización de mecanismos para evitar la selección de servidores
públicos que estén siendo investigados por la justicia en causas en perjuicio del
Estado o que su gravedad constituya un demérito a la función pública.
La idea detrás de la ficha limpia es que los candidatos a cargos
públicos deben ser personas honorables y confiables, que han demostrado su
compromiso con el bien común y que no han incurrido en conductas ilegales o
inmorales en el pasado.
La demanda de ficha limpia ha sido impulsada por diversos
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en varios países del
mundo, y ha llevado a la adopción de leyes y reglamentos que presentan
requisitos de integridad para los candidatos a cargos públicos. En algunos
casos, la ficha limpia también se ha extendido a otras esferas de la vida
pública, como la contratación en el sector público o la participación en procesos
de licitación, incluir requisitos como la presentación de declaraciones de
impuestos completas y precisas, la revelación de cualquier conflicto de
intereses y la transparencia en la financiación de la campaña.
La ficha limpia puede ser una forma efectiva de prevenir la corrupción y
mejorar la integridad del gobierno. Al exigir que los líderes políticos sean
honestos y éticos, se puede recuperar confianza en el sistema político y
mejorar la calidad de la democracia.
Sin embargo, la implementación de la ficha limpia también plantea
desafíos y preguntas importantes. ¿Cómo se define exactamente una «ficha
limpia»? ¿Qué delitos o actividades se consideran lo suficientemente graves
como para descalificar a alguien de la vida política? ¿Cómo se garantiza que la
ficha limpia se aplique de manera justa y equitativa para todos los candidatos?
Estas son cuestiones importantes que deben ser consideradas y abordadas
para garantizar que la ficha limpia sea efectiva y justa en la práctica.
Boleta única
La renovación de autoridades para cargos electivos representa el acto
de mayor participación ciudadana, la transparencia y el acceso a todas las
opciones electorales debe ser custodiado por cada uno de los ciudadanos y
resguardado especialmente por el Estado.
La boleta única es un sistema electoral que permite que todos los
partidos y candidatos estén en una única boleta, lo que facilita la elección para
los votantes y reduce la posibilidad de errores o manipulación.
Entre los beneficios de la boleta única se encuentran: facilita el proceso
de votación, reduce el costo de las elecciones -lo que se traduce en un ahorro
para el Estado y para los partidos políticos-, evita el robo de boletas, promueve
la transparencia y la equidad electoral, y facilita el conteo de votos.
Campañas austeras
Las campañas políticas suelen ser muy costosas, lo que puede llevar a
que solo los candidatos con mayores recursos económicos puedan participar
en ellas, lo que podría limitar la representatividad y diversidad de ideas en el
proceso electoral. Esta debilidad del sistema puede ser utilizada por intereses
oscuros para financiar postulaciones, en detrimento del bien común futuro.
La austeridad es especialmente importante, dado que enfrentamos
desafíos económicos y sociales significativos. Observar campañas costosas,
irrita el humor social, afectando la participación.
Es importante que los candidatos sean transparentes en el origen y el
uso de los fondos que utilizan en su campaña, rindiendo cuentas a la
ciudadanía sobre cómo se están utilizando estos recursos.
Análisis Bioquímico Público
El tema drogas y sus dos aristas, narcotráfico y adicciones, deben ser
agenda obligada de todos aquellos que se postulan para el servicio público,
con compromisos documentados para conocimiento de los ciudadanos y los
poderes del Estado.
El análisis bioquímico público es una propuesta que busca informar al
electorado si existen candidatos que son «usuarios de drogas». La finalidad de
esta propuesta es que el elector esté informado sobre la situación del candidato
antes de emitir su voto. La justificación de esta propuesta es que el consumo
de drogas puede alterar el discernimiento y poner en riesgo la libertad en la
toma de decisiones, que son requisitos necesarios para el ejercicio del servicio
público.
La adicción a las drogas es una enfermedad que puede afectar
negativamente la capacidad de una persona para desempeñarse de manera
efectiva en un cargo público. En general, el abuso de drogas puede tener
consecuencias graves en la vida de una persona, incluidos problemas de salud,
financieros, laborales, familiares y sociales.
Un funcionario público que sea usuario de drogas podría ser
presionado o incluso chantajeado por narcotraficantes o personas vinculadas al
tráfico de drogas para influir en su toma de decisiones. Esto podría poner en
riesgo la integridad del funcionario, la transparencia y la legalidad de sus
acciones, y afectar negativamente el funcionamiento del Estado y la confianza
de la ciudadanía en sus instituciones.
Por lo tanto, es importante que los funcionarios públicos sean
conscientes de los riesgos que implica el uso de drogas y eviten cualquier
situación que pueda poner en riesgo su integridad y la legalidad de sus
acciones.
En caso de tener problemas con la adicción a las drogas, es necesario
buscar ayuda profesional y tratamientos para superar esta situación. Asimismo,
los gobiernos y las instituciones públicas deben tomar medidas para prevenir el
uso de drogas entre los funcionarios públicos, incluyendo campañas de
sensibilización, políticas de prevención y sanciones adecuadas en caso de
infracciones.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la adicción a las
drogas no debería ser motivo de discriminación en el ámbito laboral o político.
Las personas que están luchando contra la adicción a las drogas pueden recibir
tratamiento y recuperarse, y en muchos casos podrán continuar
desempeñando sus funciones, con asistencia o supervisados, hasta que
tengan el alta médica y su organismo haya eliminado los residuos propios de la
droga consumida.
Consejo económico y social
Es necesario generar un entorno donde los ciudadanos puedan
participar activamente en la formulación de políticas públicas, y los consejos
económicos y sociales pueden ser una herramienta muy útil para lograrlo.
Los consejos económicos y sociales son órganos consultivos formados
por representantes de los sectores económicos y sociales, como sindicatos,
empresarios, academia, organizaciones de la sociedad civil y otros actores
relevantes. Estos consejos tienen como objetivo asesorar al gobierno en la
formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones.
La participación de los ciudadanos en estos consejos puede permitir
que se tomen en cuenta sus necesidades e intereses en la formulación de
políticas públicas, lo que puede llevar a la adopción de medidas más justas y
equitativas. Además, la participación ciudadana puede contribuir a aumentar la
legitimidad y la transparencia de las políticas públicas, ya que se promueve una
mayor participación y control social.
Es importante destacar que la participación ciudadana en los consejos
económicos y sociales no debe limitarse a la mera consulta, sino que debe ser
una participación activa y efectiva, donde los ciudadanos pueden expresar sus
opiniones, propuestas y críticas de manera constructiva y respetuosa.
En definitiva, los consejos económicos y sociales pueden ser una
herramienta muy valiosa para promover la participación ciudadana en la
formulación de políticas públicas y contribuir a la construcción de una sociedad
más democrática y participativa.
Consideración final
Es cierto que la democracia es un logro significativo en nuestra historia
como país, pero también es importante que reflexionemos sobre si hemos sido
capaces de estar a la altura de las expectativas que se generaron en torno a
este hecho histórico. Sin embargo, tengo fe en nuestro pueblo y en nuestra
capacidad para madurar las respuestas necesarias para alcanzar los
estándares sociales, económicos y ambientales que necesitamos para
desarrollar todo nuestro potencial como comunidad.
Sigamos trabajando en los consensos para construir una democracia
cuyos beneficios, alcancen a todos.
Cristian Ulián
Lic. en Cs. Políticas